La vulnerabilidad debe ser evaluada cuando es real y justificada, no puede utilizarse solo para impedir la recuperación del inmueble.
En los últimos años, muchos propietarios han mostrado temor a iniciar procedimientos de desahucio debido a la posibilidad de que el inquilino alegara vulnerabilidad. Esta situación podía derivar en la suspensión del lanzamiento durante largos periodos, generando incertidumbre jurídica y económica.
Debido a las moratorias legales y decretos antidesahucio, en la práctica, algunos casos han llegado a prolongarse durante años. Un ejemplo reciente es el de un propietario que ha conseguido recuperar su vivienda tras cuatro años de espera, tiempo durante el cual no pudo disponer del inmueble ni dejar de asumir costes asociados.
Las medidas antidesahucio aprobadas de forma extraordinaria en los últimos años permitieron paralizar desahucios en supuestos de vulnerabilidad económica y ausencia de alternativa habitacional. Sin embargo, su finalidad era claramente temporal y extraordinaria, no estructural.
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